Fuente: Economía  Acceder Noticia   Opinión de  Manuel Álvarez 

Uno de los derechos básicos del accionista es el acudir, expresar su opinión y votar en las Juntas Generales de Accionistas (JGA en adelante) de las Sociedades. Sin embargo, en Europa se mantienen múltiples obstáculos al ejercicio del voto, con una normativa plagada de intereses particulares, y supuestamente nacionales, que dificultan la mejora del gobierno corporativo de las empresas.

Realmente la globalización ha llegado a la inversión, especialmente desde que se instauró el Euro, pero no alcanza al ejercicio de los derechos inherentes a las acciones: es la próxima frontera.

En España podemos constatar que resulta infrecuente que fondos de inversión, de pensiones y EPSVs ejerzan su derecho voto en las JGA con un criterio propio. En vez de ello, suelen abstenerse o delegar en la entidad custodio de valores, cuando no directamente en el Consejo de Administración.

 

Realmente la globalización ha llegado a la inversión, especialmente desde que se instauró el Euro, pero no alcanza al ejercicio de los derechos inherentes a las acciones: es la próxima frontera. En efecto, existen varios obstáculos :

  • Muchas veces el conocimiento último de quién es el accionista no se dispone rápidamente, para remitirle la convocatoria.
  • Las juntas se rigen por normas de derecho interno, diferentes en cada país.
  • Algunas naciones dificultan que los forasteros voten en sus juntas, aplicando un nacionalismo mal entendido.

La Unión Europea, consciente de que esto retrasa la integración económica europea y de que la tecnología actual permitiría una mayor transparencia y uso del derecho de voto en las JGA, ha aprobado la Directiva 2017/828 que persigue ir derribando estas barreras propias de una torre de Babel económica. En un artículo anterior nos habíamos referido a sus líneas fundamentales

Todo ello mina la raíz del sistema de empresas por acciones, en las cuales los accionistas deben ejercer un control sobre los administradores en su propio interés y en beneficio del funcionamiento del sistema capitalista en su conjunto.

La Unión Europea, consciente de que esto retrasa la integración económica europea y de que la tecnología actual permitiría una mayor transparencia y uso del derecho de voto en las JGA, ha aprobado la Directiva 2017/828 que persigue ir derribando estas barreras propias de una torre de Babel económica. En un artículo anterior nos habíamos referido a sus líneas fundamentales.

Simultáneamente, la globalización de las inversiones ha generado una nueva industria: los asesores de voto en JGA, empresas que se especializan en conocer qué se va a decidir y en proponer un sentido del voto acorde con los intereses del accionista.

Esta fórmula se ha generalizado entre la industria de la gestión de activos en Estados Unidos y Europa. Especialmente los fondos de pensiones de empleo grandes, suelen confiar en especialistas que asesoran y recomiendan cómo votar en las JGA de las sociedades cotizadas.

En España apenas es utilizado, salvo por alguna entidad gestora destacada y por los fondos de pensiones que atienden al asesoramiento proporcionado por los servicios técnicos de los sindicados mayoritarios.

Estos asesores de voto facilitan la información y por lo tanto bajan el coste de mantenerse informado.  Sin duda, los asesores influyen en el sentido del voto de los accionistas. Son especialmente útiles para los fondos de pensiones de dimensión reducida pero de cartera diversificada. Permiten, por ejemplo, obtener información rápida y práctica respecto a los acuerdos a adoptar relativos a empresas que estén en otros países. Actualmente resulta fácil seguir los acuerdos de sociedades cotizadas suecas o húngaras o eslovenas, que hace unos años se desestimaba por su dificultad.

También previenen acerca de los conflictos de interés real o potencial que puedan sesgar el comportamiento del voto. Ahora bien, su funcionamiento adecuado requiere que mantengan un código de conducta transparente y utilicen de una metodología solvente, así como el mantenimiento de un registro histórico de sus sucesivas recomendaciones. La nueva Directiva impondrá un marco regulado para el correcto desarrollo de los asesores de voto tanto europeos como foráneos.

De esta forma la Unión Europea busca alcanzar dos hitos históricos : que el derecho de voto se ejerza efectivamente y que pase a ser una obligación moral para las instituciones de inversión colectiva.

En conclusión, en la medida en que las legislaciones nacionales no sean miopes y obliguen a no impedir el voto telemático, percibiremos una gran mejora en el gobierno corporativo de las empresas europeas. En los próximos años veremos si se consigue.