Fuente: Funds Society   Acceder Noticia

Las retrocesiones fueron unos de los mayores problemas con los que tuvieron que lidiar los reguladores europeos en el proceso de elaboración de la directiva MiFID II, que entra en vigor en 2018.

Dentro de la industria de fondos de inversión, las retrocesiones son incentivos en forma de comisiones implícitas –el cliente generalmente no es consciente de ellas- que las gestoras pagan a las redes de distribución por vender sus fondos. Era práctica habitual incentivar la comercialización de los productos que generaban más comisión/ingreso, eliminando del catálogo aquellos que no cumpliesen dicha premisa. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en los fondos de Bestinver que, pese a sus excelentes resultados, era muy difícil encontrarlos en las carteras de los clientes si sus bancos no tenían un provechoso acuerdo por su venta.

Qué significa ‘mejorar’

Para dimensionar de qué estamos hablando, sirva de referencia los datos que maneja la consultora Deloitte: estima que en retrocesiones por fondos domiciliados en Europa se pagan unos 33.000 millones de euros anuales (1). La consultora McKinsey calcula que en 2014 éstas representaron el 13% de los ingresos de los gestores europeos de patrimonios y su eliminación reduciría entre un 20% y un 25% los beneficios del sector. (2)

La directiva MiFID II cambia radicalmente el actual esquema. Primero, obliga a que las relaciones recurrentes con los clientes se enmarquen dentro de un contrato de asesoramiento, clasificando el mismo como independiente o no independiente. Dentro de estos contratos independientes están prohibidas las comisiones implícitas. Y segundo, aquellos asesores que se declaren no independientes podrán cobrar retrocesiones si éstas se justifican claramente por una “mejora de la calidad y la prestación del servicio”, mientras que los asesores independientes lo tienen prohibido expresamente. Acceder Noticia