El pasado 10 de febrero de 2018 se aprobó el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica tanto el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero y el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre.

Este Real Decreto supone el desarrollo reglamentario para la disposición de las aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad y una nueva reducción de las comisiones aplicadas a los fondos de pensiones. La nueva norma regula adicionalmente la ampliación como activos aptos de inversión para los fondos de pensiones de determinados bienes inmuebles, elementos de menor difusión pero que ya valoramos en la Circular 117/17 de 5 de diciembre de Política Sindical.

El supuesto de disposición anticipada fue recogido en 2014 por la modificación de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) estableciendo  que los  partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado podrán disponer anticipadamente del importe, total o parcial, de sus derechos consolidados correspondiente de las aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad.

Sin embargo, los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo podrán disponer de los derechos consolidados correspondientes a las aportaciones y contribuciones empresariales realizadas con al menos diez años de antigüedad, si así lo prevén las especificaciones del plan.

Quizás la novedad fundamental es que el Real Decreto no recoge ningún límite anual a esta disposición. Una negativa a la reivindicación final del sector financiero que señala la posibilidad de una salida relevante de prestaciones y más con la consideración de la eliminación (aplicación transitoria) de la reducción fiscal en forma de capital de las aportaciones y rendimientos anteriores a 1 de enero de 2007. La entrada en vigor de este supuesto se produjo con rango legal el 1 de enero de 2015 (tramitación reforma fiscal) por lo que se podrá acceder por este supuesto a partir del 1 de enero de 2025.

La Unión General de Trabajadores señaló durante las fases de tramitación que este supuesto de liquidez a los 10 años implicará una desnaturalización de la previsión social complementaria.

Al introducir un supuesto acceso por antigüedad a los derechos, más allá de una necesidad concreta de liquidez (enfermedad grave o desempleo) se diluye el objetivo de ahorro finalista de estos instrumentos como complemento para la jubilación y se elimina el largo plazo como elemento de garantía para obtener una prestación y una rentabilidad adecuada. Este supuesto configura a los planes de pensiones como un producto de inversión y depósito, debilitando la construcción de una normativa para estos patrimonios que actualmente tienen un tratamiento fiscal especifico. Según la última información presupuestaria disponible, la menor recaudación por la reducción por aportaciones a instrumentos de previsión social asciende a 783 millones de euros en 2017 (901 en 2016).

En cuanto a la rebaja de comisiones, se introducen límites máximos crecientes para la comisión de gestión (de 0,85% a 1,50%) según el peso de la renta variable (0 a > 30% RV). Los límites anteriores correspondientes podrán sustituirse por el 1 por ciento anual del valor de la cuenta de posición más el 9 por ciento de la cuenta de resultados.  También se recoge una reducción de la comisión de depósito que se sitúa en 0,20 % (antes 0,25%).

Esta reducción afectará fundamentalmente a los planes de pensiones del sistema individual. La comisión media del sistema de empleo, se encuentran por debajo de estos porcentajes y no son el objetivo principal de la modificación de la norma. Las distintas modificaciones normativas en este punto, han conseguido rebajar las comisiones medias totales del sistema individual de 1,57 % en 2012 hasta el 1,28 % en 2016.

Mientras, en el sistema de empleo la comisión media total se sitúa en 0,21 % (ponderada por patrimonio), existiendo un diferencial positivo de menores comisiones para el sistema de empleo de 107 puntos básicos. En caso de existir algún caso de superación de límites, es necesaria su adaptación estableciéndose una entrada en vigor específica para este apartado de 2 meses.No obstante, es necesario profundizar sobre todos los gastos que soporta un fondo de pensiones, tanto directos o indirectos por la utilización de fondos de inversión más allá de las comisiones de gestión o depósito y más cuando en esta norma parece incentivarse la contratación de entidades de inversión.

Este Real Decreto 62/2018 elimina la prohibición de adquisición de activos vinculados a las entidades de inversión que han sido previamente contratadas en la gestión de los fondos de pensiones, suavizando las situaciones de incompatibilidad por posibles conflictos de interés lo que entendemos poco adecuado por la pérdida de independencia y asesoramiento objetivo que es precisamente lo que se persigue con estas entidades.

Como comentamos anteriormente, se modifica el artículo 70 de inversiones aptas del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.  En la nueva normativa se establece como inversiones aptas, a los solares y edificios en construcción y cuyo objetivo de modificación no se recoge en la exposición de motivos.  Entendemos que son activos con un mayor riesgo asociado, dado que existe menor información de mercado incluso que en otros activos inmuebles (comercial, vivienda). Por lo tanto, consideramos negativo la potenciación de la inversión en estos activos vía normativa. Igualmente consideramos poco sistemático que la modificación para el supuesto de liquidez a 10 años, potencie en paralelo una tipología de activos cuyas características esenciales son la iliquidez y la poca profundidad de mercado.

Señalamos  estas consideraciones  para un mayor conocimiento de la  modificación normativa que afectaría al Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, y del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. En especial, la nueva regulación para el embargo de derechos y obligaciones de registro por parte de las gestoras en este supuesto.