El pasado 16 de noviembre el Ministerio de Economía presentó a la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones una propuesta de modificación de la normativa de planes y fondos de pensiones. Se recogen como elementos principales, el desarrollo reglamentario de la liquidez a los 10 años, la reducción de comisiones de gestión y deposito (puntos destacados por la prensa económica) pero también una modificación importante, la relacionada con la inclusión de determinadas inversiones inmobiliarias como activos aptos de los fondos de pensiones. Un elemento menos conocido pero que por su posible impacto, consideramos relevante señalar.

A esta reunión, asistieron las distintas asociaciones de gestoras de fondos de pensiones y de inversión, compañías aseguradoras, actuarios y también las organizaciones sindicales, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

La Unión General de Trabajadores ha señalado durante las fases de tramitación que este supuesto de liquidez a los 10 años implicará una desnaturalización de la previsión social complementaria, en la medida que se diluye su objetivo finalista en la normativa y puede tener a su vez, un efecto financiero negativo en la gestión de los fondos de pensiones.

Como primera derivada, la gestión de estos patrimonios se alejará de las rentabilidades del largo plazo, elemento fundamental en los fondos de pensiones de empleo. El mayor horizonte de las inversiones permite la obtención de retornos adecuados y ajustados a un menor riesgo. Por el contrario, este nuevo supuesto de liquidez puede impulsar una gestión a corto plazo y una mayor asunción de riesgos para no perder el atractivo en términos de resultados de estos vehículos.

También la posibilidad de disposición de derechos por el participe, consolidaría minusvalías por decisiones de pánico ante rentabilidades negativas, perdiendo nuevamente el largo plazo como serie temporal que atenué un comportamiento desfavorable de los mercados.

Recordamos que nuestro sindicato apoyó los desarrollos normativos que intentan solucionar las necesidades de liquidez de los partícipes, como son los supuestos de acceso por desempleo y enfermedad grave. Pero esta propuesta, implica alejarnos del objetivo finalista de los fondos de pensiones, al introducir un supuesto automático y sin el establecimiento de requisitos que determinen una situación de liquidez que justifique el acceso a los derechos acumulados.

Dentro una valoración ya más global, esta propuesta de desarrollo reglamentario en fase de consulta junto con la consideración de la eliminación de la reducción fiscal por prestaciones en forma de capital, configuraría un escenario de descapitalización del sistema por una salida importante de derechos acumulados.

Por este motivo, entendemos que no es oportuna la inclusión de este supuesto en las especificaciones de los planes de pensiones de empleo, opción que la ley ya estableció. No obstante, en esta fase de desarrollo reglamentario entendemos adecuado el establecimiento de un límite de disposición por antigüedad de 10 años en todos los casos. La anterior propuesta del Ministerio de Economía fijaba en 10.000 euros el importe máximo de disposición puede atenuar los efectos negativos señalados o mediante una disposición inferior, dado el derecho medio consolidado en estos sistemas de previsión a nivel nacional.

Igualmente consideramos poco sistemático que la propuesta de modificación potencie en paralelo, una tipología de activos cuyas características esenciales son la iliquidez y la poca profundidad de mercado.

Se propone modificar el artículo de inversiones aptas. Dentro de los bienes inmuebles, se hace especial referencia en la propuesta de modificación, la calificación expresa como inversiones aptas, los solares y edificios en construcción y cuyo objetivo de modificación no se recoge en la exposición de motivos. Entendemos que son activos con un mayor riesgo asociado, dado que existe menor información de mercado incluso que en otros activos inmuebles (comercial, vivienda) y por lo tanto consideramos inadecuada la potenciación de la inversión en estos activos vía normativa.

En sentido negativo, la modificación presentada recoge de manera expresa como inversiones aptas, aquellas en entidades de inversión colectiva y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y la posibilidad de establecer restricciones a las operaciones de venta, lo que desvirtúa el principio de la libre transmisibilidad de la participación de inversiones colectivas, pudiéndose generar problemas de liquidez por la aplicación de estas cláusulas.

Se propone eliminar el límite del 20% de concentración en la inversión a través de fondos de inversión y se elimina la prohibición de adquisición de activos vinculados a las entidades de inversión que han sido previamente contratadas en la gestión de los fondos de pensiones, suavizando las situaciones de incompatibilidad por posibles conflictos de interés.

Mediante una redacción confusa y de total ausencia de seguridad jurídica se limitaría la posibilidad de conocer todas las inversiones al partícipe del sistema individual. Por lo que esta propuesta de modificación también implica un menor nivel de transparencia.

Otro de los elementos principales en esta fase de consulta, es la reducción de las comisiones de gestión y deposito. Esta reducción afectará fundamentalmente a los planes de pensiones del sistema individual dado que la media del sistema de empleo, se encuentran por debajo de estos porcentajes y no son el objetivo principal de la modificación de la norma pero pudiendo existir algún caso y necesaria su adaptación.

Señalamos en este punto, que es necesario profundizar sobre todos los gastos que soporta un fondo de pensiones, tanto directos o indirectos por la utilización de fondos de inversión más allá de las comisiones de gestión o deposito.

Por la relevancia de este desarrollo normativo, os informamos que estas fueron las observaciones realizadas y enviadas a la junta consultiva.